Tal
como sostiene el Profesor José Manuel Canales, el buen gobierno es un paradigma
moderno que implica la acción de un gobierno transparente, dinámico,
responsable y que fomenta la participación del ciudadano, donde no solo el Estado
tiene un papel preponderante sino también los ciudadanos. Un Estado donde se
valoran las tradiciones, la cultura, las instituciones, las relaciones entre
ellas y donde se permite y se valora la participación activa de los ciudadanos
en la toma de decisiones, en los asuntos de interés general, sean estos
económicos, políticos o de otra índole. Esto quiere decir que debe haber una
corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones y los ciudadanos. En base
a todo ello, podemos señalar algunos indicadores que pueden permitir realizar
una comparación básica entre distintos países:
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La erradicación de la corrupción (del nivel de corrupción), pienso que este
podría ser uno de los indicadores importantes, ya que es un problema grave
común a casi todos los países tanto del contexto hispanoamericano como de los
países europeos, que aún no se ha logrado superar.
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La disminución de la excesiva burocracia institucional, que dificulta y limita
una gestión eficaz y rápida.
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La voluntad política de los gobiernos para la rendición de cuentas de los
gobiernos y de los responsables de las instituciones en tres ámbitos: la
rendición de cuentas de las organizaciones públicas que dependen del
presupuesto público, la rendición de cuentas de instituciones intermedias como
fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, y la
responsabilidad social de las empresas privadas, que va más allá de las
exigencias que tienen para con su propia empresa, es decir su interés y
compromiso con las necesidades de su comunidad.
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Los procesos de participación y descentralización que hagan que las
administraciones locales y regionales sean más fuertes y competentes.
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La equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, el acceso
igualitario a la educación, al trabajo, a los servicios de salud, etc. Nos
referimos a una legislación que promueva el respeto a los derechos humanos, que
busque el interés general de toda la ciudadanía y no solo de determinados
grupos.
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Un gobierno democrático que fomente y tenga en cuenta la participación de los
ciudadanos, un gobierno transparente, responsable y representativo.
