domingo, 4 de septiembre de 2016

En este post responderemos y reflexionaremos en torno a las preguntas del Profesor Bernabé Aldaguer sobre los lobbies en las instituciones públicas: Si debería permitirse o no el reconocimiento de los lobbies en las instituciones públicas y qué intereses que pueden haber para que se regulen o para que no se produzcan. 
Un lobby generalmente es un equipo especializado en presión política que es financiado por multinacionales que influyen sobre las decisiones de los gobiernos especialmente locales, estatales y regionales. No obstante, se sabe que los más poderosos son los industriales, es decir los lobbies de las grandes multinacionales o de los grandes bancos. Se sabe que en Bruselas hay una gran cantidad de lobbies, alrededor de unos 600 grupos de presión, especialmente de financieros, que emplean lobistas para influenciar sobre las políticas económicas que se plantean en Bruselas; esta incidencia afecta especialmente a nivel local. En España los lobbies son las transnacionales españolas que presionan al Gobierno español e incluso a la Unión Europea en la toma de decisiones.
Existen diferentes opiniones sobre si los lobbies deberían permitirse o no. Al respecto podemos decir que teóricamente un lobbie puede ser positivo, ya que puede aportar una serie de propuestas y acciones a los políticos para fomentar el desarrollo; es decir, serían una especie de asesores del Gobierno; no obstante, el trasfondo es que estas propuestas se plantearan en función del interés de cada multinacional, banco o de las grandes empresas financieras, y precisamente este es el lado negativo.
A manera de ejemplo, mencionamos uno de los casos que más revuelo ha causado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo es el del caso de la Comisión Europea contra Microsoft por el abuso de posición dominante en el mercado de dicha multinacional. Si bien se impusieron varias multas a la gigantesca empresa norteamericana por un valor de 1700 millones de euros; Microsoft con todo el equipo de abogados que tiene evitó pagarlas. Este caso es una imagen delo que pasa en las instituciones no solo europeas, sino del mundo donde los lobbystas, quienes influyen, informan o aconsejan en función de sus propios intereses a los diferentes estamentos que toman las decisiones.
En Europa existe, desde 2015, un nuevo Registro de Transparencia que ha introducido cambios en las declaraciones de los recursos humanos adscritos al ejercicio de actividades presión y sobre actos legislativos tramitados. Actualmente existe una consulta abierta por la Comisión Europea para que el registro sea obligatorio en todas las instituciones europeas.
Sin embargo, pensamos que hace falta una mayor y mejor legislación nacional, que transparente la actividad de os lobbies. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha puesto un registro voluntario para que todos los ciudadanos conozcan exactamente qué tipo de relación tienen los grupos de presión. Asimismo, en España, varias comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha y Aragón ya han tomado la iniciativa en la realización de registros voluntarios.
En el siguiente enlace se puede ver una reflexión interesante sobre los lobbies en España publicado por el Diario ABC.
http://www.abc.es/economia/abci-espana-sigue-sin-regular-lobbies-mientras-aumenta-control-201603211112_noticia.html






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